COMUNAS, CASI UN BOTÍN DE GUERRA

16 de setiembre de 2006

Por Julio C. Balbi
Para LA NACION

La política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está signada por la irresponsabilidad de sus dirigentes. Ellos están demostrando otra vez que están más predispuestos a repartirse el territorio para lograr una cuota mayor de poder que a trabajar en la construcción de un plan estratégico que facilite el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los porteños.

Observamos como, sin ningún pudor, se reparten las futuras comunas cual botín de guerra, alimentando desde los partidos políticos a seudorrepresentantes “independientes” de vecinos para catapultarlos a la conducción de los destinos de un barrio o de la suerte de una zona de esta capital. Todo sin medir eficiencias, capacidades ni compromisos. No se promueven los concursos de antecedentes ni los proyectos que puedan medirse.

Participar en los debates o en las asambleas de vecinos en muchos casos desalienta. Pocas veces se plantean allí con seriedad las responsabilidades, derechos y obligaciones que van a tener los gobiernos comunales en una ciudad en la que institucionalmente está todo por hacerse.

Cuando todavía no está resuelta la potestad institucional con respecto a la plena autonomía, cuando no sabemos cómo resolver el tema de la seguridad y la justicia propias, cuando aún debemos sortear jurídicamente nuestro poder de policía para regular los servicios de transporte automotor, cuando la convivencia jurisdiccional en casi todos los temas de la vida diaria se complica porque entran en colisión los intereses del gobierno federal con los intereses del gobierno local, los porteños igual nos proponemos –sin pausa, pero con prisa– descentralizar o desconcentrar el poder de mandato del Gobierno de la Ciudad en quince comuneros o alcaldes barriales.

Imaginemos solo algunas tareas pendientes. Coordinar los límites de las nuevas comunas con los establecidos por las treinta y tres comisarías de la policía metropolitana. Y con el SAME por alguna emergencia sanitaria.

Ni hablar de las prestaciones de los servicios públicos, que en algunos casos están concesionados por zonas (léase recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles, etcétera). También debe considerarse la relación de las nuevas comunas vecinas con las intendencias del conurbano para acordar temas que son comunes a ambos lados de la de la General Paz.

Ni hablar si pasamos al control de la obra pública. ¿Quién establecerá las prioridades de lo que necesita el vecino de alguna comuna determinada? ¿Dónde se discutirá el plan de mantenimiento urbano, de desarrollo económico, del espacio público, de una eventual emergencia sanitaria, edilicia, habitacional? El artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determina las facultades exclusivas y concurrentes de las comunas en estos temas, pero siempre supeditado al imperio de una ley que establezca su regulación .

Hoy se discute con mayor énfasis la conveniencia de la fecha de las elecciones, pero se postergan las leyes de las regulaciones. Así, resulta que primero repartimos el botín y después establecemos qué se va a hacer en el terreno de los hechos concretos.

El autor es director del Ente de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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