lunes, 23 de junio de 2008

A ENTRAR, A ENTRAR, QUE LA CIUDAD ES NUESTRA DE PEDRO, MARÍA Y JOSÉ

"La ciudad abierta a los ciudadanos tiene las puertas sin cerrojos a los instrumentos hacedores de ciudad. Abrir el pensamiento, debate y acción sobre el hacer la ciudad es siempre un maravilloso deseo, que a veces se logra cuando nos animamos a opinar". Françes Tabernero

jueves, 27 de marzo de 2008

DEBATE: SOBRE EL NECESARIO PLAN URBANO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - NI PLAN, NI AMBIENTAL

24/03/08
Clarín ARQ.
LA 0.3
Ni Plan, ni Ambiental

El recién aprobado Plan Urbano Ambiental abunda en buenas intenciones, pero no formula estrategias coherentes para concretarlas, ni tampoco para revertir el deterioro de la zona sur.

JORGE VAHEDZIAN.

El Plan Urbano Ambiental (PUA) aprobado en diciembre 2007 no parece un plan ni es ambiental. La mera enunciación de intenciones sin considerar aspectos fácticos impedirán su discusión en las audiencias públicas.

Algunas de las propuestas son tan teóricas que su concreción puede resultar imposible. Faltan asimismo detalles sobre los fundamentos de las propuestas y definiciones más concretas sobre un modelo de ciudad, en lugar de limitarse a emplear expresiones como "ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa". El modelo de ciudad que se proponga debería estar referido a indicadores de calidad y orientado a la temática ambiental.

El Plan también debería establecer parámetros sobre densidades, cantidad de espacios públicos, estacionamientos, arbolado, espacios verdes privados, superficies absorbentes, servicios, infraestructura y parámetros de sustentabilidad. Esto debería aplicarse al desarrollo de los nuevos proyectos urbanos, pero fundamentalmente a ajustar con plazos y objetivos los sectores de la ciudad que no cumplan con esos indicadores. Tampoco se verifica una metodología sobre cómo se generan los contenidos para los temas que se proponen, ni hay relevamientos de las situaciones existentes.

El Plan no aclara si se han considerado aspectos sociológicos, ambientales, de transporte, paisaje e infraestructura como variables de análisis indispensables.Por caso, el Parque Almirante Brown, está clasificado en el diagnóstico como uno de los tres grandes parques; sin embargo, casi ninguno de sus espacios abiertos es un parque público, salvo el Indoamericano. El Parque Roca y el de la Ciudad son parques cerrados, el Autódromo y la cancha de golf no son parques, como tampoco los clubes deportivos. No se aportan datos ni mapas sobre las características y magnitud de los asentamientos, ni de la evolución de los distintos barrios de vivienda social. Para este vasto sector de la ciudad que incluye parte de Villa Lugano, Flores Sur, Villa Soldati, y Nueva Pompeya, el PUA se limita a "promover la conformación de tejido urbano en los sectores desocupados y no consolidados".

El documento que se pondrá a consideración tiene describir —basado en un relevamiento con datos históricos— un modelo de ciudad y definir concretamente qué se propone para el área sur en el marco de dicho modelo, así como establecer las estrategias para cambiar su nivel de deterioro, y contribuir al tan mentado equilibrio entre Norte y Sur. Esta es la única forma de precisar las estrategias para revertir su deterioro, recuperar su carácter de parque metropolitano y recomponer el tejido urbano degradado para que el mercado pueda verlo como una oportunidad para invertir.

Todas estas propuestas y estrategias deben ser elaboradas por un equipo interdiciplinario. Es ingenuo considerar que con un concurso de ideas en el que intervienen solo profesionales de la arquitectura —como el que se convocó recientemente para el Parque de la Ciudad— se puede garantizar un resultado mínimamente satisfactorio.

Es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad proponer los lugares, la metodología, las definiciones y el ordenamiento de los temas para el debate. Quizá haya coincidencias en los discursos sobre qué ciudad queremos. El asunto es discutir cómo lo hacemos.

Jorge Vahedzian es arquitecto y ex subsecretario de Medio Ambiente.



Aptitud AmbientalSecretaría de Politica Ambiental Habilitacioneswww.claysi.com.ar

martes, 15 de enero de 2008

DEBATE: SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LA INVASIÓN DE LAS TORRES

Artículo publicado por Clarin ARQ
OPINION
Juego de apariencias

LA 0.3

La invasión de las torres


En una ciudad como Buenos Aires, de baja densidad poblacional, no tiene sentido la construcción de viviendas en altura. En cambio, hay que invertir en la rehabilitación integral de los barrios.

Otros títulos

NOTAS EXCLUSIVAS DE LA EDICION IMPRESA DEL MARTES 19 DE JUNIO DE 2007: PROYECTO NACIONAL: TORRE GERNIKA ; Una nave de piedra y vidrio

Miguel Ángel Roca aprovechó al máximo un terreno triangular para emplazar una torre en el barrio Nueva Córdoba; DISEÑO INDUSTRIAL: MATERIALES UN SIGLO DEL PLASTICO; El rey de corona artificial

Una muestra en Londres celebra los 100 años del plástico. El material del siglo XX tiene mucho más para dar en el futuro...




La invasión de las torres

En una ciudad como Buenos Aires, de baja densidad poblacional, no tiene sentido la construcción de viviendas en altura. En cambio, hay que invertir en la rehabilitación integral de los barrios.

FRANCISCO P. RAMOS-MARRAU.
Es Arquitecto y Urbanista.

Hay torres que son piezas arquitectónicas muy interesantes; estéticamente hablando son una buena recreación morfológica. También tienen, a partir de cierta altura, para quienes las visitan o viven en ellas, una vista privilegiada del entorno. Esas visuales, si la torre está enclavada en puntos estratégicos de la ciudad, puede ser fascinante. La ciudad bien compensada podría tener determinados espacios para estas esculturas que son una maravilla para los ojos. Invadir la ciudad con torres es otra cosa.

Tener emplazamiento para estas piezas especiales daría lugar a concursos que habilitarían a muchos artistas/arquitectos a expresar sus dotes. Una Sagrada Familia, de Gaudí, que tiene más de 120 metros de altura, no es una vivienda, e independientemente de su uso específico, el de iglesia, siempre se la va a considerar como una escultura. Pero centenares de sagradas familias aburrirían, taparían la iluminación, no serían piezas especiales, sino una realización de mal gusto.

Se ha naturalizado la idea de que las torres de vivienda son signos de modernidad, ayudan a solucionar el déficit de vivienda ante la escasez de suelo, y de que sus emplazamientos generan mayor actividad en su entorno.

Hay pocos lugares en el mundo en los que está ocupado todo el suelo, hasta cuatro o cinco alturas. En estos sitios, construir torres para acoger a los habitantes necesitados de un hogar es una obligación.

¿Cómo hacen para vivir en Alemania 80 millones de habitantes prácticamente sin rascacielos? ¿Y en Gran Bretaña, Italia, o Francia, con sus aproximadamente 60 millones cada uno? Todos estos países, como se sabe, tienen una superficie promedio comparable a la de la provincia de Buenos Aires. En nuestras ciudades, eso es notable. Es un país despoblado, con baja densidad poblacional, con una superficie inmensa, casi la superficie de Europa.

La ciudad argentina es aún de casas bajas de una y dos plantas. Por la carencia de planificación, criterio y normativa relacionada, encontramos un porcentaje bajo pero significativo de edificaciones de más altura, que afean el paisaje, salpicadas entre el amanzanamiento de la ciudad. El espacio libre, entre el salpicado de edificaciones altas, es enorme, son millones de metros cuadrados, que sumados al suelo urbanizable programado, que debería tener todo Plan Urbano Estratégico, son la reserva necesaria para ser utilizada en los casos de necesidad colectiva, como una gran inmigración a la ciudad que elevara la densidad poblacional. O una operación de saneamiento urbano, como podría ser un reservorio, que afectara a una parte significativa de la ciudad y, que no es el caso en la centralidad metropolitana.Con tantos metros cuadrados disponibles, el espacio verde tendría la misma importancia que las redes de infraestructura de servicios, que son vitales en toda ciudad.

Los espacios públicos, los espacios verdes, los locales comerciales y las vías de tránsito con sus peatonales son los que generan las centralidades de la ciudad y la actividad correspondiente.

La invasión de torres, no la escultura, trae mucha gente, y muchos autos a los que hay que darles servicios. Y en el paquete de los promotores viene el "shoppping", en muchísimos casos, quizás en la mayoría, sin lugar para dejar los vehículos. La mayor actividad en el área de las torres se da fundamentalmente a través del centro comercial para esos nuevos vecinos, y los del entorno inmediato, pero como consumidores del centro comercial. Es muy raro que en estas áreas se genere una actividad económica, cultural y social, fuera del centro comercial.

La construcción de viviendas VIP, en torres y centros comerciales para consumidores de alto nivel económico, particularmente emplazadas en zonas deprimidas, contrasta con el déficit de viviendas en la ciudad de Buenos Aires y la capacidad de consumo del 80% de la población. Número redondo, pero que incluye a un 30 o 40 % de pobres, con trabajo precario, o desocupados y, un 40 % que tienen el sueldo muy controlado para cubrir el mes y con poca o ninguna capacidad de ahorro.

La preocupación y ocupación útil del Estado y los actores que intervienen en la desequilibrada y caótica ciudad actual tendría que estar dirigida a invertir y planificar la rehabilitación integral de los barrios y resolver el vergonzante sistema de transporte. No en el abandono de la ciudad y en presentar determinadas intervenciones especulativas como triunfos urbanos, cuando son, lisa y llanamente, grandes negocios de muy pocos individuos. Estas acciones inmediatas no entorpecerían para nada el desarrollo urgente y riguroso de un Plan Urbano Ambiental, que necesita tiempo de elaboración y que hay que empezar ya. Y que no tiene nada que ver con ese documento elaborado por el COPUA, presentado por el Ejecutivo a la Legislatura, que potencia la aplicación del descontextuado y cuestionado Código de Planeamiento Urbano.









HAY QUE PARAR UN RATO!!


Para dejar definitivamente de lado el desarrollo de la ciudad “a golpe de rematadores de tierra”

La ciudad de Buenos Aires, se desarrolló a golpe de rematadores, quienes fueron sus “Urbanistas”.

Por
F. Pompeyo Ramos-Marrau
Arquitecto-Urbanista

La Metrópolis de Buenos Aires es una de las mayores del mundo por su extensión y población, con un modelo de urbanización, acumulativo de grandes contingentes de población en una megalópolis, a expensas del abandono del territorio nacional y sin planes de desarrollo. Este proceso es perverso, de graves consecuencias para la misma ciudad y el país.
Hoy, se da el hecho que en una milésima parte de la superficie de la Argentina, se acumula más de un tercio del total de su población -trece millones de habitantes en 2.500 Km2- con una densidad promedio de 3.600 hab. /Km2 -y con puntos colapsados de 180.000 hab. /Km2, en barrios de la Ciudad Autónoma- contra un promedio de 13 hab. /Km2 en todo el país.

Nuestra Metrópolis de Buenos Aires -Ciudad + Gran Bs. As.-, se fue desarrollando a golpes de rematadores de tierras, quienes fueron sus “urbanistas”. Su administración depende de diferentes gobiernos: nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma; esta última aparece como una pequeña provincia de 200 Km2, delimitada por la avenida Gral. Paz y el Riachuelo, dentro de los 2.500 km2 que ocupa el tejido urbano de la Ciudad Metropolitana.

Existe una manifiesta ausencia a nivel nacional de planificación del territorio y de cada una de las regiones, provincias y ciudades que son la razón fundamental del desequilibrio social y económico que tiene el país y por tanto actúa como el enemigo que hay que combatir para destrabar el desarrollo integral del país.

La nueva constitución de la ciudad de Buenos Aires que la define como ciudad Autónoma, es un avance en relación a la dependencia que tenia con el gobierno nacional manifestada en la determinación del Poder Ejecutivo Nacional de nombrar al intendente de la ciudad. Y deja ambigüedades importantes que repercuten en el caos actual de la ciudad. Una de ellas es la de no definir claramente la administración de la ciudad, ya que la figura del ejecutivo actual, con su jefe de gobierno, da la noción de provincia y ciudad en la misma función. Por tanto confundiendo funciones y gestiones, ralentizando su labor. Es decir, o se es el gobierno de la provincia o se es el gobierno de la ciudad, pero ambas a la vez, de manera sui géneris, comete el error de no ser ni chicha ni limonada, y esas consecuencias se sienten. Quizás habría que reflexionar en este punto y pensar lo abarcativo que sería este concepto “el de ciudad autónoma de Buenos aires” para la metrópolis con su Gobierno y para la ciudad de buenos aires el correspondiente gobierno municipal. O por lo menos contar con un desdoblamiento del actual sistema de gobierno para la ciudad de Buenos aires. Es decir dotar a la Ciudad de su administración, como lo tienen todas las ciudades capitales de provincia, en la cual está la administración provincial por un lado y la administración de la ciudad por el otro.

La nueva constitución de la ciudad de 1996, plasma expresamente que la ciudad debe tener un plan urbano y ambiental. Consideración importantísima para poder gestionarla en general, pero que en el caso de buenos Aires cobra mayor importancia por la ausencia histórica de planificación. Lamentablemente se lo ha remplazado por un instrumento normativo “el Código de planeamiento”. Incomprensible, ya que no se entiende como puede existir una norma sin la existencia del plan urbano ambiental que le dé origen. Es está la razón por la cual el Código, interpretado por el funcionario correspondiente, se convierte en el comodín del mercado inmobiliario.

No dudo en remarcar que la falta de planificación es lo que hoy los vecinos reclaman, aunque para ellos este concepto les resulte abstracto. Las luchas parciales contra las densidades horizontales -Las Torres-, no solo expresa el desacuerdo a construir edificaciones para el negocio de los inversores privados, cercenando el derecho a la iluminación y la visión, sino que plantea lo innecesario de ellas, porque sabe que no resuelven el déficit de vivienda que tienen millones de argentinos y miles de bonaerenses, que viven en asentamientos precarios o en la calle. Porque también percibe que suelo para edificaciones, hay que crearlos en otros territorios, para equilibrar esta anomalía que señalábamos al comienzo de este artículo.

Cuando los reclamos peticionan espacio verde como la plaza, pasa lo mismo. Lo que se reclama son barrios con lugares para el paseo, el deporte, el ocio, el cine, el teatro en emplazamientos acordes, preferentemente, en lugares más recogidos del barrio. Porque los barrios carecen de centros de esta naturaleza. Lo que tienen, y hoy ha llegado al hastió del vecino, son las calles comerciales, es decir las enloquecedoras autopistas comerciales, ruidosas y contaminantes. Cuando los vecinos de Boedo luchan por lograr en la vieja y abandonada construcción de Carlos Calvo y Loira una plaza, quizás no saben que están luchando por una centralidad y tampoco que la ciudad de Buenos Aires cuenta con unas 600 hectáreas de espacios verdes parquizados, y que cada porteño, al menos en los papeles, dispone de casi 2 m2 de los mismos para su solaz.

Cuando los vecinos de caballito quieren recuperar la Playa de cargas del ferrocarril, para espacio verde y conservar la casa construido a principios del siglo XX, pasa lo mismo. No piensan en la planificación en abstracto y quizás sin conocer que la especulación salvaje en el loteo del Gran Buenos Aires, dio por resultado la práctica inexistencia de plazas en su territorio, salvo las centrales en las localidades más antiguas. Tal es así, que el conurbano, con más de 9 millones de habitantes, sólo dispone de unas 800 hectáreas de espacios verdes parquizados, correspondiéndole a cada uno de aquellos la irrisoria cantidad de 0,90 m2.
Y que esto es aún más grave de lo que parece, pues en esta cifra están incluidos los grandes parques de la zona sur como son el Pereyra Iraola y los bosques de Ezeiza, ambos en proceso de extinción. Sin ellos, cada partido promedia los 0,50 m2 de espacio verde por habitante.
Y que las consecuencias observables en forma inmediata de estos datos son, por un lado, el sobreuso y la degradación permanente de las áreas verdes existentes, y por otro, que un porcentaje importante de población no tengan acceso, por obvias razones de distancia y costos, al uso de espacios verdes públicos de recreación.
Y que esto sucede en nuestras ciudades, mientras internacionalmente se toma como mínimo adecuado a los grandes centros urbanos, entre 10 y 15 m2/habitante.

Y así con los vecinos de La Isla de La Paternal/Agronomía, cuando plantan bandera de guerra
para defender la plaza que tienen y que se la quieren sacar para construir muchas torres. Hay algunos reclamos que avanzan un poquito más de la petición de espacio verde, y defensa de las agresivas torres, colocando elementos de ordenación vial, y embellecimientos morfológicos y paisajísticos del sitio, como es el caso de los vecinos de Villa Crespo y Paternal. o tantas otras experiencias que multiplicarían, quizás por mil este simple muestreo.

Estos Son agudos mensajes a los responsables políticos para hacer un lógico “stop”, consensuar una ley de Emergencia Urbano-Ambiental para atemperar urgencias contaminantes, riachuelo, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, vivienda social, etc., etc. Dejar definitivamente de lado el desarrollo de la ciudad “a golpe de
rematadores de tierra” y realizar seriamente, -no a las apuradas como ese documento que esta en la legislatura- el Plan Urbano-Ambiental con participación real de la ciudadanía, que como hemos dicho, es la madre del borrego, y además porque nos obliga la constitución del 94.

Y en el mientras tanto…. Creo que estas vivencias que la ciudadanía esta realizando y que muchos profesionales están planteando, dan coordenadas suficientes, mensajes, a la bella
Buenos Aires en peligro, para mejorar los barrios, más pronto que tarde, con centralidades y mayor calidad de vida.



DEBATE: MITOS Y REALIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil encierra tantos mitos como realidades
Hay una errada idealización de las organizaciones que buscan mejorar las políticas públicas.

Tienen defectos y padecen pugnas de intereses como cualquier otra entidad.

Por: Carlos Acuña
POLITOLOGO (UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES, CONICET)

Es indudable el valor de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para el mejoramiento de las políticas públicas. Estas organizaciones interpelan, asesoran y controlan a los poderes gubernamentales. En el pasado dictatorial su defensa de derechos mostró fundamentales aportes.Sin embargo, una suerte de "populismo societalista" idealiza a la sociedad civil como bella, justa y a sus organizaciones como eficientes y entregadas al bien común, valoración usualmente contrapuesta a la ineficiencia, egoísmo y corrupción burocrática que se sospecha del Estado y las organizaciones políticas.Las conclusiones del análisis que ha venido desarrollando Iniciativas para el fortalecimiento democrático y social —una alianza de San Andrés, Flacso y CELS— acentúan que la sociedad civil se ve cruzada por intereses e ideologías en pugna. Es más una arena de acción que un actor colectivo. Las OSCs tienden a desplegar desconfianza frente a la política y el conflicto social, aislándose de otras expresiones colectivas de la sociedad civil (como sindicatos o grupos con identidad ideológico-partidaria).Su análisis organizacional además revela un corte entre una gran mayoría con importantes debilidades de recursos, poca sustentabilidad, poca capacidad de análisis y acción estratégica y franca dependencia de liderazgos individuales. En contraposición, la minoría que cuenta con capacidades institucionales para destacarse por su positiva incidencia sobre el accionar público, termina encubriendo la generalizada debilidad institucional del resto. En definitiva, gran parte de las OSCs se ven apegadas al corto plazo, con serios problemas de supervivencia y de dependencia de pocas fuentes de apoyo. Finalmente se destacan los dilemas sobre qué intereses, principios o actores representan las OSCs. OSCs "portavoces" de intereses de los pobres sin participación de los propios pobres ejemplifican este tipo de dilemas. Otro ejemplo es el positivo papel contramayoritario que cumplen defendiendo derechos de individuos o grupos que concentran la ira de mayorías. Esta tensión para las OSCs es, por su naturaleza, ineludible y genera una zona de claroscuros que abarca desde la legítima defensa de derechos violados por políticas inconstitucionales, hasta la peligrosa tentación de asumir superioridad moral frente a gobernantes y preferencias mayoritarias, desestimando la legitimidad democrático-electoral que usualmente sostiene al accionar gubernamental. En los extremos de esta desestimación (poco democrática y observable en países como Perú), las OSCs se presentan como reemplazo de los partidos políticos como canales de la representación "democrática".Fortalecer la participación y capacidad de incidencia de la sociedad civil para mejorar políticas públicas demanda tomar distancia de apologías ciegas.No toda la sociedad civil es bella (los skinheads nazis del Parque Rivadavia y el Ku-Klux-Klan son también actores de la sociedad civil). No todo accionar estatal está movido por un ánimo autoritario y excluyente: muchas veces es el Estado el que lidera estrategias de inclusión social y política que fortalecen la autonomía de la sociedad.Muchas veces son alianzas entre el Estado y OSCs nacionales las que destraban tercos equilibrios autoritarios de poder provincial/local.


domingo, 13 de enero de 2008

Objetivos de largo aliento, no ilusiones de corto plazo

13/01/08
El crecimiento económico y la atenuación de la puja distributiva son clave para la solución de nuestros problemas sociales.

Por: Ricardo Arriazu

La producción de bienes y servicios mostró durante 2007 un crecimiento superior al 8,5%, triplicando por quinto año consecutivo la tasa promedio de crecimiento de nuestra economía durante las últimas décadas. Esto permitió disminuir la tasa de desempleo, incrementar la capacidad de gasto de los trabajadores, mejorar en forma global (aunque con grandes diferencias sectoriales) los beneficios empresariales y fortalecer las finanzas públicas, todo lo cual contribuyó a la atenuación de los serios problemas sociales.Sin embargo, este mismo proceso está generando también una incipiente puja distributiva. Los conflictos salariales y la suba de los impuestos a las exportaciones de algunos sectores son simples ejemplos de esta puja distributiva y de una visión demasiado concentrada en el corto plazo. La atenuación de estos inevitables conflictos es esencial si se desea mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos en forma sostenida y permanente. Lograrlo no es sencillo. Los intentos individuales y sectoriales por "apropiarse" de los beneficios del crecimiento y la falta de visión de largo plazo parecen ser inherentes al comportamiento humano y con frecuencia culminan en serios conflictos sociales y políticos. Un proceso de desarrollo no puede consolidarse si no se armoniza el comportamiento de las principales variables económicas, políticas y sociales, y se logra un balance apropiado entre objetivos de corto y largo plazo.Un ejemplo puede contribuir a visualizar los beneficios de un proceso de desarrollo gradual y sustentable, que se base en objetivos de largo plazo y no en ilusiones de corto plazo. Las limitaciones de espacio nos obligan a esquematizar en demasía este ejemplo y a centrarnos en los beneficios sin detenernos en el análisis de cómo lograrlo.Nuestro país debe aspirar a crecer en forma sostenida a un ritmo anual de como mínimo el 5%. Esta aspiración puede parecer moderada, pero duplicaría nuestro ritmo de crecimiento histórico y la tasa de expansión de los principales países industrializados. También superaría el ritmo de crecimiento promedio de la economía mundial (4%), lo que permitiría una muy gradual recuperación de nuestra participación en la economía mundial.Con este ritmo de crecimiento, el empleo debería crecer entre el 2% y el 2,5% por año, superando el ritmo de crecimiento de la población y permitiendo la incorporación sostenida de la mujer en el proceso productivo. Este crecimiento del empleo sería suficiente para eliminar el desempleo involuntario en sólo cinco años y para permitir una mejora gradual y sostenida de la distribución del ingreso.En una economía en crecimiento el empleo público no debería servir como "seguro de desempleo", por lo que debería crecer a un ritmo inferior al de la población, permitiendo que la masa salarial pública crezca a un ritmo muy inferior al de los ingresos, aun tomando en consideración una mejora en los salarios reales.Sin embargo, este crecimiento no sería suficiente para solucionar los problemas laborales de sectores marginados que no cuentan con las habilidades que se requieren en una economía moderna y dinámica, carencias que deberían ser solucionadas con educación y entrenamiento.En una economía que crece más rápido que el resto del mundo, los salarios y los precios de algunos servicios también deben crecer en forma más acelerada, por lo que la tasa de inflación medida en términos de una unidad de cuenta internacional homogénea (¿el dólar?) también debería ser superior al resto del mundo, sin que ello signifique una pérdida de competitividad.En este contexto, el PIB nominal debería crecer a un ritmo no inferior al 8% anual, lo que permitiría más que duplicar su valor en diez años, y triplicar durante los próximos diez años el nivel promedio de los últimos diez años. Esta mejora de los ingresos totales, y la gradual mejora en la distribución del ingreso que surgiría de la eliminación del desempleo, deberían contribuir de manera significativa a atenuar los problemas sociales.La política fiscal (tributaria y gasto público) deberían contribuir también en esta dirección. La situación fiscal debería beneficiarse de un proceso de crecimiento sustentable. Bajo un esquema tributario progresivo, los ingresos fiscales deberían crecer a un ritmo superior al del PIB nominal, al mismo tiempo que los gastos salariales del sector público deberían crecer a un ritmo inferior, lo que permitiría simultáneamente; a) disminuir gradualmente la carga impositiva; b) incrementar la participación del gasto social en el gasto público total; y c) formar un fondo fiscal anticíclico que contribuya a la sustentabilidad del esquema.Todo proceso exitoso de desarrollo contribuye a disminuir la acumulación de ahorros argentinos en el exterior y a atraer capitales externos que se incorporen al proceso productivo. Si se desea evitar que esta reversión del flujo de capitales afecte las cuentas externas es necesario que el sector público incremente su tasa de ahorro mejorando los resultados fiscales.La reducción de la carga impositiva y las mejoras en productividad deberían mejorar la competitividad internacional de nuestro país permitiendo una mayor inserción no conflictiva en la economía mundial (crecimiento de las exportaciones y de las importaciones). Esta inserción repercutirá en un cambio de la estructura productiva, la que debería ser facilitada permitiendo el traslado de recursos productivos (mano de obra y capital) desde los sectores en decadencia relativa a los nuevos sectores dinámicos.Este proceso de desarrollo tiene una dinámica propia muy definida que no debe ser modificada por medidas regulatorias que intenten alterar algunos resultados de corto plazo. La atenuación de las pujas distributivas es un componente esencial de esta dinámica. Nuestra experiencia histórica muestra con claridad cómo estas luchas e interferencias malograron incipientes procesos de desarrollo.


domingo, 24 de junio de 2007

COMUNAS, CASI UN BOTÍN DE GUERRA

16 de setiembre de 2006

Por Julio C. Balbi

Para LA NACION

La política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está signada por la irresponsabilidad de sus dirigentes. Ellos están demostrando otra vez que están más predispuestos a repartirse el territorio para lograr una cuota mayor de poder que a trabajar en la construcción de un plan estratégico que facilite el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los porteños.

Observamos como, sin ningún pudor, se reparten las futuras comunas cual botín de guerra, alimentando desde los partidos políticos a seudorrepresentantes “independientes” de vecinos para catapultarlos a la conducción de los destinos de un barrio o de la suerte de una zona de esta capital. Todo sin medir eficiencias, capacidades ni compromisos. No se promueven los concursos de antecedentes ni los proyectos que puedan medirse.

Participar en los debates o en las asambleas de vecinos en muchos casos desalienta. Pocas veces se plantean allí con seriedad las responsabilidades, derechos y obligaciones que van a tener los gobiernos comunales en una ciudad en la que institucionalmente está todo por hacerse.

Cuando todavía no está resuelta la potestad institucional con respecto a la plena autonomía, cuando no sabemos cómo resolver el tema de la seguridad y la justicia propias, cuando aún debemos sortear jurídicamente nuestro poder de policía para regular los servicios de transporte automotor, cuando la convivencia jurisdiccional en casi todos los temas de la vida diaria se complica porque entran en colisión los intereses del gobierno federal con los intereses del gobierno local, los porteños igual nos proponemos –sin pausa, pero con prisa– descentralizar o desconcentrar el poder de mandato del Gobierno de la Ciudad en quince comuneros o alcaldes barriales.

Imaginemos solo algunas tareas pendientes. Coordinar los límites de las nuevas comunas con los establecidos por las treinta y tres comisarías de la policía metropolitana. Y con el SAME por alguna emergencia sanitaria.

Ni hablar de las prestaciones de los servicios públicos, que en algunos casos están concesionados por zonas (léase recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles, etcétera). También debe considerarse la relación de las nuevas comunas vecinas con las intendencias del conurbano para acordar temas que son comunes a ambos lados de la de la General Paz.

Ni hablar si pasamos al control de la obra pública. ¿Quién establecerá las prioridades de lo que necesita el vecino de alguna comuna determinada? ¿Dónde se discutirá el plan de mantenimiento urbano, de desarrollo económico, del espacio público, de una eventual emergencia sanitaria, edilicia, habitacional? El artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determina las facultades exclusivas y concurrentes de las comunas en estos temas, pero siempre supeditado al imperio de una ley que establezca su regulación .

Hoy se discute con mayor énfasis la conveniencia de la fecha de las elecciones, pero se postergan las leyes de las regulaciones. Así, resulta que primero repartimos el botín y después establecemos qué se va a hacer en el terreno de los hechos concretos.

El autor es director del Ente de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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lacumadelametropolis@yahoo.com.ar
Web:http://lacuma.blogspot.com/